¿Existen las listas negras de periodistas?


Vayamos primero a una definición conceptual: según la Wikipedia, una lista negra es “una lista de personas, instituciones u objetos que deben ser discriminados en alguna forma con respecto a los que no están en la lista. La discriminación puede ser social, técnica o de alguna otra forma”.

Muchos rumores, comentarios y chascarrillos han circulado entre los profesionales de la información sobre la existencia de estas listas y sus contenidos. Las personas que se encuentran en ellas, en teoría, no podrían trabajar en ciertos medios de comunicación o ámbitos de su relación, dependiendo de la extensión geográfica o política que abarquen.

En España, con un sistema mediático con una superestructura (legislación, propietarios, accionistas, etc.) cada vez más politizada, no es de extrañar que la elaboración de estos documentos sea un fenómeno frecuente y creciente. Además, es sorprendente que en los medios públicos, que es donde menos deberían existir, sean los sitios cuyos equipos laborales se confeccionan de forma más imperativa con las limitaciones impuestas por estas listas.

No es difícil de comprender que no es fácil acceder a ellas. Normalmente, se confeccionan desde los despachos y no suelen salir de ahí, ya que es información muy sensible que podría comprometer a los directivos, hasta el punto de que podrían ser pruebas delictivas.

Pero por lo menos tenemos un caso documentado que demuestra la existencia de las listas negras y que ha sido detallado en un libro. En 2005, la periodista Mariola Cubells publicó “Mentiras en directo. La historia secreta de los telediarios”: un monográfico sobre qué se cuece por las redacciones de los informativos de televisión con testimonios reales y de primera mano de sus trabajadores.

Cubells relata el aterrizaje de Fraga en la Xunta de Galicia como presidente en 1989. Al poco de llegar, se encargó de dos cosas: la primera, de hacer lo posible para cesar al que era en esa época el director de La Voz de Galicia, “una persona, digamos, poco afín a los intereses del exministro de Franco” y, la segunda, de premiar o perjudicar a los trabajadores de la Radio Televisión Gallega (RTVG) según sus posiciones políticas. Según el libro, “Fraga, a través del personal a sus órdenes, solicitó un informe sobre los periodistas de los medios de comunicación públicos […], de sus afinidades ideológicas, de sus comentarios sutiles y de sus exabruptos”.

Después de que esa labor, propia de espías profesionales, tomara forma en papeles que fueron puestos sobre el escritorio de su despacho, “se envió un telefax desde la sede del PP en Ourense sugiriendo relevos en las delegaciones de la radio y la televisión de esta ciudad”. Ese documento, al parecer, estaba encabezado con un párrafo manuscrito por Fraga en el que ponía: Se puntúan sólo propios y contrarios. No los neutrales”. Más tarde, un grafólogo confirmaría que esa letra pertenecía al por entonces presidente de la Xunta.

A continuación, contenía los nombres de los periodistas con anotaciones al margen como “Fuera”, “Aupar”, “Cesar” o “Cambiar”. También se incluían otros apuntes más extensos refiriéndose a algunos profesionales: “Elemento pernicioso”, “Elemento subversivo”, “Gran inquisidor socialista de los medios de comunicación en la etapa anterior”, “Radical de izquierdas”, “Influenciable”, “Comisaria política” o “Confidente de Camilo Nogueira” (por entonces diputado del parlamento gallego por el PSG).

La cuestión fue que se enteraron de lo ocurrido muchos trabajadores y pidieron una comisión investigadora. El caso se trató en los periódicos Diario 16 y El País. Pero Fraga, lejos de desdecirse o de corregir los errores, “se empeñó en averiguar qué traidor había filtrado a la prensa los documentos malditos”. Manuel desmintió todas las acusaciones y ofreció a los medios dinero de forma indirecta para acallar el tema: a los periódicos regionales les invitaba a montar una productora televisiva para luego comprarles los programas y emitirlos en la televisión gallega. Así JAMÁS se dirá nada respecto a ese espinoso asunto de manipulación informativa o censura o control gubernamental del que cuatro progresistas trasnochados me acusan siempre”. Y así fue: el tema se silenció y nada más se supo desde entonces. De hecho, nunca se le recordó a Fraga aquel episodio durante el resto de su carrera política.

Algo más tarde, Manuel se sacó de la manga unas subvenciones para fomentar el uso del gallego en los medios de comunicación de la comunidad autónoma. Curiosamente, las dos únicas publicaciones con contenidos completamente en luso, Tempos Novos y A Nos Terra, no recibieron un duro. ¿Cuál creen que fue la explicación ofrecida por Fraga para denegar las ayudas a los que más eran merecedoras de recibirlas? “Lo que no puede ser es pagar para que te insulten”. Léase “no dicen lo que yo quiero que digan”.

A pesar de que las listas negras tienen un formato físico y documental, éstas se pueden confeccionar simplemente en la memoria de los directivos. Si uno guarda un mal recuerdo de alguien, o simplemente no es afín, dará orden expresa de que no se le vuelva a contratar sin necesidad de dejar constancia por escrito a nadie. De hecho,  es mejor para ellos evitarse formalismos en una cosa tan informal.

Son decenas las informaciones sobre periodistas ‘señalados’ que circulan en ciertos sitios, desde periódicos a televisiones, pasando por gabinetes de empresas e instituciones públicas y en los ámbitos locales y nacionales. Pero, desgraciadamente, existen pocas historias como la de Fraga en Galicia que aporten tantas pruebas y tanta riqueza de datos, incluyendo nombres y apellidos. Desafortunadamente para la profesión, mientras no se establezca una forma regulada y reglada de acceder a la labor periodística, seguirán dándose estas anomalías éticas en este entorno en el que a todos se les llena la boca con la palabra ‘democracia’.

Este artículo está publicado bajo licencia Creative Commons

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